Los nomenclátores de las ciudades son mecanismos semióticos con una doble finalidad: orientar e identificar lugares, y aportar una dimensión simbólica al espacio urbano. Este carácter simbólico ha sido utilizado en distintos momentos de la historia para legitimar la ideología de quien ostenta el poder. Dos modelos se han sucedido; uno de carácter funcional, predominante en EEUU, con una mínima carga de significado; otro, extendido por Europa a partir de la Revolución Francesa, cargado de connotaciones históricas e ideológicas. En España, los periodos de la Segunda República y la Guerra Civil intensificaron la construcción de significados históricos, ideológicos, políticos e identitarios a través de los topónimos.
El nomenclátor de la ciudad de Cartagena no ha sido ajeno a estos procesos. A lo largo de la historia se ha modificado el callejero con la finalidad de crear una memoria colectiva, a menudo cargada de una violencia simbólica inapreciable para muchos. En la actualidad se regula la denominación de lugares públicos mediante una ordenanza de reciente creación de la que forman parte dos comisiones técnicas, una de calles que trabaja bajo criterios ampliamente consensuados y otra de carácter histórico que aborda la modificación de nombres de espacios públicos para que cumplan los criterios y valores sobre los que se asienta la democracia.
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