CONSTITUCIÓN DE 1812 Y PLAN DEL DUQUE DE RIVAS

El año 1808 marca el comienzo de una nueva época con la guerra de la Independencia. Mientras en Europa, las guerras contra Napoleón, eran guerras realizadas por ejércitos regulares dirigidas por sus reyes, en España será fundamentalmente popular; fue, en sentido estricto, la guerra de la nación española contra el invasor [1] . La reacción española a la invasión napoleónica pone en marcha la revolución liberal, que tiene como consecuencia legislativa más importante la aprobación, por parte de las Cortes de Cádiz, de la constitución de 1812. En la misma, se promulgan la soberanía de la ley sobre el rey y una nueva sociedad basada en los principios de libertad, igualdad y propiedad. A pesar de respetar la estructura educativa existente en ese momento (sólo se recogen la enseñanza primaria y la de las universidades), incluye importantes ideas renovadoras en el campo educativo. Entre ellas cabe señalar su defensa de la universalidad de la educación primaria para toda la población sin excepciones y la uniformidad de los planes de enseñanzas para todo el Estado. Como sucesores de nuestros ilustrados comparten con ellos la fe en la instrucción pública como instrumento principal de renovación y de reforma; como hijos de los grandes principios revolucionarios creen en la democracia y en la necesidad de una educación para la libertad[2] .Igualmente, se señala que las competencias en educación recaen sobre las Cortes y no sobre el Gobierno. Otra reseña a destacar en dicha constitución, es la libertad de expresión.

Promulgada la Constitución, la siguiente preocupación de los diputados fue la elaboración de una ley general de instrucción pública que ampliara y desarrollara los principios  constitucionales. A tal efecto, la Secretaria de despacho de la Gobernación remite, en marzo de 1813, una circular a las universidades para que informen sobre los problemas existentes. Al mismo tiempo que, constituye una Junta de Instrucción Publica y le encarga un informe sobre la reforma general de le educación nacional [3] . Las universidades no respondieron adecuadamente pero la Junta sí. Así y por éste motivo, Manuel José Quintana elaboró en 1814 un informe (llamado Informe Quintana) de gran trascendencia para el futuro de la educación en España. El informe es una exposición de principios básicos en el que se defiende que la instrucción debe ser igual, universal, uniforme, pública y libre; es decir, que constituye la mejor formulación del ideario liberal en lo que respecta a la educación.

Pero poco después, se produce la llegada del rey Fernando VII a España. Su vuelta se va a caracterizar por  la implantación del absolutismo más cerrado y anacrónico, pero también por una extremada persecución de todas las minorías políticas del país, pues poco después de su llegada al país, se produjo el primer alzamiento militar de la historia del siglo, a manos del general Elío, que tuvo como consecuencia el decreto de 4 de mayo de 1814, donde el rey  declaró nula la Constitución de Cádiz y los decretos de las Cortes [4] , volviendo, de esta manera, al antiguo régimen. En las cuestiones educativas, la principal consecuencia fue la vuelta de la educación a manos de la Iglesia, fundamentalmente la enseñanza primaria. En el nivel universitario se crea una Junta de Instrucción Publica para que elabore un programa más acorde con los principios del absolutismo político, aunque mientras tanto, se decide volver al plan de 1771. 

En 1820 se produjo el pronunciamiento militar de Rafael de Riego. Fueron tres años en que los liberales llevaron el peso de la política española. El Reglamento de 1821 supone la redacción en forma de ley del Informe Quintana. Este reglamento dio carácter legal a una estructura del sistema educativo dividida en: primera; “debe incluir el aprendizaje necesario para leer y escribir correctamente, las reglas elementales de la aritmética y un catecismo que comprenda brevemente los dogmas de la religión, las máximas de buena moral y los derechos y obligaciones civiles”, segunda; “comprende aquellos conocimientos que al mismo tiempo que sirven de preparación para dedicarse a otros estudios mas profundos, constituyen la civilización general de una nación” [5]  y tercera enseñanza; “comprende los estudios que habilitan para ejercer alguna profesión particular” [6] , estructura inexistente formalmente en el antiguo régimen. Igualmente, ésta normativa sancionaba la división de la instrucción en pública y privada, y determinaba la gratuidad de la enseñanza pública.

En 1823 se reestablece el poder absoluto de Fernando VII por la intervención de las tropas francesas. Durante los diez años que dura esta época (el rey muere en 1833) la reacción absolutista llega con la derogación del Reglamento General de Instrucción Pública de 1821 y la posterior promulgación del Plan literario de estudios y arreglo general de las universidades del Reino (1824), del Plan y Reglamento de Escuelas de Primeras Letras del Reino(1825); con el que se procedía al establecimiento de escuelas en poblaciones con más de 50 habitantes, y del Reglamento general de las Escuelas de Latinidad y Colegios de Humanidades (1826);por la que se trataba de inculcar desde las primeras letras, las ideas monárquico-religiosa y extinguir así el germen revolucionario. Las novedades más importantes son el establecimiento de la uniformidad de los estudios de todas las universidades y su exhaustiva reglamentación, la centralización de las universidades, y la articulación jerárquica del gobierno, la inspección y la dirección de las escuelas.

En 1833 comienza la regencia de Mª Cristina y, con ella, la llamada «década liberal». En 1836 se aprueba el Plan General de Instrucción Pública (Plan del duque de Rivas), que apenas tuvo vigencia, pero que supuso un importante antecedente de la Ley Moyano de 1857. Éste Plan regulaba los tres grados de enseñanza tanto publico como privado, y dejaba atrás, el ideal de la educación universal y gratuita en todos sus grados, entendiendo la educación, como un instrumento de poder para adoctrinar de acuerdo con los fines del poder, acabando así, con la formación libre del espíritu libre.

1          La instrucción primaria, que comprende la primaria elemental y la superior. Se establece el carácter gratuito de las escuelas públicas para los niños que sean verdaderamente pobres. Los maestros que se formen en escuelas normales, para poder acceder a una escuela pública ha de tener cumplidos los veinte años, poseer el titulo y obtener un certificado de buena conducta de carácter municipal. Además los Ayuntamientos han de facilitarle a éstos, casa o habitación, costear las infraestructuras y el salario del maestro.

2          La instrucción secundaria, dividida en elemental y superior. Aquí se mantendrá el viejo ideario liberal de una enseñanza media como extensión de la primaria.

3         La instrucción superior, a las que corresponden las facultades, las escuelas especiales y los estudios de erudición, respectivamente. A este nivel, se regulará el régimen del profesorado, el método de enseñanza y los exámenes.

 Tras la aprobación de la Constitución de 1837 hubo intentos de desarrollar normativamente los preceptos constitucionales, pero la sublevación de Espartero imposibilitó su aplicación. Ésto trajo consigo el dominio de los progresistas y con ellos la preocupación por la enseñanza secundaria, apareciendo por éste motivo, el proyecto de Infante. Mediante el cual, se establece que:”comprenderá los estudios preparatorios para toda carrera literaria y los que sirven generalmente,  para la cultura humana, atendiendo a las necesidades especiales de los pueblos y de las clases productoras” [7] 

En 1843, con la mayoría de edad de Isabel II, se abre un nuevo período en la historia de España que dura hasta 1854: es la llamada «década moderada». La ley clave de esta etapa, de marcado carácter liberal moderado, es la Constitución de 1845. En el terreno educativo se aprueba, en 1845, el Plan General de Estudios (llamado Plan Pidal), por el cual se regula la enseñanza secundaria y superior.;en la cual, se considera a la primera, continuación de la instrucción primaria y es dividida en: Elemental, que abarca los conocimientos necesarios para toda persona bien educada. Y de ampliación, que prepara para el estudio de ciertas carreras. Y a la superior se la regula bajo los principios de uniformidad y centralización, llevando ésta hasta sus últimas consecuencias. Siendo una de ellas que el rector sea nombrado directamente por el rey, acabando así con la autonomía de las viejas universidades. Por otra parte, se autoriza la enseñanza privada para los estudios de segunda enseñanza, aunque necesitaran de una autorización expedida por el Gobierno.  En éste nuevo plan de estudios, se renuncia a una educación universal y gratuita en todos los grados y se establecen las bases para la primera definición del sistema educativo contemporáneo, que se realiza con la promulgación de la Ley Moyano en 1857.

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Bibliografía

 [1]Diez del Corral, L., (1956), “El liberalismo doctrinario”,2ª ed., Madrid, Instituto de Estudios Políticos, pág. 425.

 [2]Artola, M. (1974), “La burguesía revolucionaria”, 2ª ed., Madrid. Alianza- Alfaguara, pp.33ss.

 [3]De Fuelles Benítez, M. (1980) “Educación e ideología en la España contemporánea (1767-1975)” , pág. 59

 [4]Puede verse texto integro en la obra del conde TORENO, Vol. VI, pp. 281ss. También en Decretos del rey D. Fernando VII, Vol. I, Imprenta Real, (1816),pp. 1ss.

 [5]Art. 21 del Reglamento General de Instrucción Pública de 29 de junio de 1821.

 [6]Art. 36 del Reglamento General de Instrucción Pública de 29 de junio de 1821.

 [7]Art. 1 del  Proyecto de Infante.

ANEXO

Constitución de 1812.
Titulo IX.- De la instrucción pública.-Capitulo único

artº 366

En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, a escribir y contar, y el el catecismo de la religión católica, que comprenhenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles.

artº 367

Asimismo se arreglará y creará el número competente de universidades y de otros establecimientos de instrucción, que se juzguen convenientes para la enseñanza de todas las ciencias, literatura y bellas artes.

artº 368

El plan general de enseñanza será uniforme en todo el reyno, debiendo explicarse la Constitución política de la Monarquía en todas las universidades y establecimientos literarios, donde se enseñen las ciencias eclesiásticas y políticas.

artº 369

Habrá una dirección general de estudios, compuesta de personas de conocida instrucción, a cuyo cargo estará, baxo la autoridad del Gobierno, la inspección de la enseñanza pública.

artº 370

Las Cortes, por medio de planes y estatutos especiales, arreglarán quanto pertenezca al importante objeto de la instrucción pública.

artº 371

Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, baxo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes.

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(Fuente: "Constituciones históricas. Ediciones oficiales",
Raquel Rico Linage. Universidad de Sevilla, 1989, págs. 65-66)